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El Gobierno ha aprobado el real decreto-ley 9/2017, de 26 de Mayo, por el que traspone al ordenamiento español la directiva europea sobre desplazamiento de los trabajadores, con el objetivo de permitir “un mejor control” de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados por empresas de terceros países que operen en España en lo referente a sus condiciones económicas y de prestación del servicio.

Así, el nuevo real decreto-ley establece para todas las empresas extranjeras que desplacen trabajadores a nuestro país el cumplimiento de una serie de requisitos similares a los exigidos para los trabajadores desplazados en los países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Bélgica, Holanda o Italia.

En primer lugar, y con carácter previo a la prestación del servicio, la empresa extranjera deberá notificar a la autoridad laboral española la realización de dicho servicio. La notificación se realizará por medios electrónicos, conforme al modelo que reglamentariamente apruebe el ministerio de Empleo. La comunicación de desplazamiento incluirá todos los datos que permitan identificar el servicio (nombre de la empresa y del trabajador desplazado así como fecha de inicio y duración del servicio, entre otros).

En tercer lugar, la empresa extranjera deberá designar un representante en España para responder ante las autoridades laborales de cualquier incumplimiento de la normativa laboral española. Asimismo, la nueva regulación aprobada faculta a las autoridades laborales a controlar si la empresa extranjera que pretende realizar servicios en nuestro país se trata de una empresa deslocalizada (empresa buzón), sin actividad real en el Estado miembro donde se encuentra residenciada.

El incumplimiento de las obligaciones de la nueva regulación sobre desplazamiento de trabajadores será sancionado según lo dispuesto en la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Fenadismer recuerda que en los últimos años ha reclamado de forma insistente una regulación “que permita controlar la situación de competencia desleal que en la actualidad atraviesa nuestro sector, basado en la deslocalización de grandes empresas hacia países de la UE con menores costes”. Ello ha ocasionado “un impacto muy negativo” para el tejido empresarial de transporte (básicamente pequeñas empresas) por la “actuación insolidaria y poco patriótica” que en los últimos años están llevando a cabo grandes empresas que se están deslocalizando en los países del Este, despidiendo a sus trabajadores en España, para “aprovechar los menores costes fiscales y laborales, para competir en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español en el que siguen operando. “Ello, además, trae como consecuencia un grave perjuicio a las arcas públicas españolas por la no tributación de sus actividades en nuestro país”, sentencia la entidad.